El sector privado mexicano, encabezado por el CCE, respaldó las nuevas medidas del gobierno federal para incentivar la inversión mediante la simplificación administrativa y la certeza jurídica. Los decretos anunciados establecen la creación de una Ventanilla Única de Comercio Exterior y plazos estrictos de resolución (30 días para autorizar proyectos y 90 días para trámites federales), tras los cuales operará la «afirmativa ficta» o aprobación automática. Según destaca Forbes México, estas acciones buscan «reducir la incertidumbre y fortalecer el entorno de negocios», facilitando la llegada de capitales estratégicos por la relocalización de empresas (nearshoring) y beneficiando también a las MiPyMEs con procesos regulatorios más ágiles.


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